Abuso sexual en el Amazonas: una SOLA abogada lucha por 500 víctimas escolares

José Martínez Adanaqué, presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) de la UGEL Condorcanqui, informó que solo una abogada está encargada de manejar las 532 denuncias por abuso sexual contra estudiantes en Amazonas. En una entrevista con nuestra casa 'La República', el especialista explicó que esta situación se debe a la carencia de recursos financieros, así como a la falta de interés y respaldo por parte del Estado.

Se alerta que la tardanza en resolver los casos podría llevar a que prescriban. Debido a esto, los maestros acusados por violencia sexual a menudo continúan enseñando. Esta situación representa una seria amenaza a los menores que acuden a las escuelas de comunidades remotas.

Desde 2010, esta grave situación persiste en la CPPADD de Condorcanqui debido a múltiples deficiencias. Se menciona la falta de canoas (chalupas) y combustible para llegar a comunidades nativas, que están a tres días de distancia, con el fin de recoger testimonios. En respuesta, Martínez demanda un aumento en el presupuesto para la comisión.

"Cuando el tema de los docentes acusados de abuso sexual contra escolares es difundido por la prensa en Lima, recién los ministerios ponen las pilas, nos ayudan un tiempo y luego se olvidan. Necesitamos un apoyo que no sea temporal, sino permanente", indica.

Es crucial señalar que no solo hay reportes de abuso y acoso sexual, sino también de maltrato psicológico y físico, sumando más de 975 expedientes en total. Estos casos aún no han sido investigados exhaustivamente debido a la escasez de recursos disponibles.

Desde 2010 hasta el 19 de junio de este año, se han reportado 532 denuncias de abuso sexual implicando tanto docentes como auxiliares, afectando a víctimas de entre 5 y 17 años. Recientemente, se han revelado 8 nuevos casos esta semana según la UGEL de Condorcanqui y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).

Entre los denunciados, cinco son docentes permanentes y 526 contratados, distribuidos en 213 en primaria y 246 en secundaria. Hasta el momento, 112 han sido despedidos, 73 exonerados, 55 están bajo investigación, 21 han sido reincorporados y 4 tienen suspensiones temporales. Además, 9 casos han sido archivados y 198 han prescrito. Lo más alarmante es que 165 docentes acusados de acoso sexual continúan laborando en escuelas de comunidades nativas.

Olivia Bisa, líder de la Nación Chapra en Loreto, informa al referido medio que en su comunidad se han registrado varios casos de suicidios entre jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual perpetrado por sus profesores. La situación se complica aún más porque las víctimas no reciben el respaldo adecuado y, en muchos casos, los agresores logran llegar a acuerdos económicos con las familias afectadas para evitar ser denunciados.

Otro aspecto crítico es la falta de atención adecuada para las víctimas después de sufrir abusos. Según Olivia Bisa, cuando las víctimas viajan a la ciudad para presentar denuncias, enfrentan un viaje de casi tres días y deben regresar varias veces para completar evaluaciones psicológicas. Este proceso resulta casi imposible de cumplir para los padres, quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar múltiples viajes. Como consecuencia, la mayoría de los casos no se denuncian oficialmente y las víctimas no reciben el tratamiento psicológico requerido.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectado o involucrado en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.