¿Propina obligatoria? El nuevo recargo en restaurantes y hoteles que afectará tu bolsillo

Una propuesta de ley recientemente presentada en el Congreso de la República ha causado revuelo, ya que busca implementar un nuevo recargo de propinas en los servicios de hoteles, hospedaje y expendio de comidas. Esta medida no solo aumentaría los precios para los consumidores, quienes ya pagan un 10% adicional en sus facturas de consumo, sino que también beneficiaría a sindicatos del sector. A continuación, analizamos el impacto de esta iniciativa y los efectos en el bolsillo del consumidor peruano.

La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del partido Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley 5173-2022-CR. Aunque el proyecto parece inofensivo a simple vista, busca hacer obligatorio el recargo por propinas en todos los servicios de hoteles, restaurantes y expendios de bebidas en el país, eliminando el carácter opcional actual. La iniciativa plantea que el 100% de este recargo se destine a los trabajadores de estos sectores, pero establece un cambio importante: lo que hoy es un pago opcional de propinas y recargos podría convertirse en una obligación legal en todo tipo de establecimientos.

De aprobarse la ley, el costo de una cena, un menú económico, o una estadía en un hotel podría aumentar hasta en un 13%. Actualmente, muchos establecimientos de bajo costo evitan aplicar este recargo para mantener precios accesibles. Sin embargo, al volverse obligatorio, los consumidores verían un aumento en sus cuentas, encareciendo servicios de consumo popular como el pollo a la brasa, el chifa o el caldo de gallina. Este cambio afectaría principalmente a personas de bajos ingresos y pequeños empresarios que intentan mantener precios competitivos.

El ámbito de aplicación de esta ley es amplio. De acuerdo con el proyecto, incluiría a todos los empleadores y trabajadores del sector de hospedaje, hoteles, alojamiento, bares, restaurantes y expendio de bebidas, cubriendo tanto grandes como pequeños negocios. Esto significa que, además de hoteles de lujo, también se verían obligados a aplicar el recargo en pequeños cafés, bares de barrio y hasta en establecimientos informales. Este cambio elimina el poder de decisión que tenían los propietarios de negocios para establecer su política de cobro de propinas y recargos.

Otro aspecto controversial de esta propuesta es el papel que desempeñan los sindicatos del sector. Además del recargo obligatorio, se plantea un Decreto Supremo que otorgaría un 1.5% de todo el recargo de consumo a sindicatos y federaciones sindicales. Esto implica que incluso en empresas sin sindicatos o con sindicatos minoritarios, las federaciones sindicales tendrían derecho a fiscalizar y reclamar un porcentaje de este recargo. De ser aprobado, este cambio representaría una transferencia de recursos hacia las federaciones sindicales, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la influencia de los sindicatos en la economía de consumo y sus posibles impactos en la competitividad del sector.

Fausto Salinas, abogado y expresidente de la Cámara de Comercio del Cusco, cuestionó la propuesta. Según Salinas, la ley eliminaría la opción voluntaria actual del recargo y obligaría a todos los establecimientos a aplicarlo, sin importar si estos tenían el recargo previamente o no. Esto impactaría principalmente a establecimientos pequeños que buscan mantener sus precios competitivos. Los expertos también advierten que esta medida podría fomentar un clima desfavorable para las inversiones en el sector hotelero y gastronómico, especialmente en áreas turísticas que ya enfrentan retos de infraestructura y servicios.

La percepción de Perú como destino turístico se ha visto afectada por problemas de infraestructura y falta de servicios, especialmente en ciudades como Cusco. A esto se suma la incertidumbre generada por decisiones como la reciente disputa por la concesión del Hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu. Con la posible implementación de este recargo obligatorio, los servicios de hospedaje podrían volverse menos accesibles para los turistas, generando dudas sobre la competitividad del país frente a otros destinos de la región.

Para los consumidores, esta medida representa un sobrecosto en cada visita a un restaurante o estadía en un hotel, independientemente de la calidad del servicio. Además, al ser obligatorio, el recargo de propina ya no reflejaría la satisfacción del cliente con el servicio recibido, limitando la posibilidad de los consumidores de decidir sobre su gasto.