Todas las pensiones ONP y AFP pasarán a ser de mínimo S/600 desde enero del 2025

La reforma previsional en el Perú ha generado diversas reacciones, especialmente en torno a la pensión mínima de S/600 que se aplicará desde enero de 2025. Esta medida busca cubrir a un grupo considerable de jubilados que, debido a los retiros de fondos de sus AFP, no cumplen con los aportes necesarios para acceder a una pensión suficiente. Sin embargo, la propuesta ha levantado preocupaciones sobre el impacto fiscal que tendrá en el Estado peruano, y cómo se financiará este subsidio.

Desde el año 2020, se han autorizado hasta siete retiros parciales o totales de los fondos previsionales privados, lo que ha resultado en la salida potencial de S/115.200 millones, según estimaciones de la Asociación de AFP. Esta fuga de capital ha dejado a una gran cantidad de futuros pensionistas con cuentas prácticamente vacías o insuficientes, lo que complica su capacidad para recibir una pensión digna en el futuro cercano.

Ante este escenario, surge la duda: ¿cómo podrá alguien que ha retirado la mayoría de sus fondos recibir una pensión de S/600 al mes? La respuesta, para muchos, está en manos del Estado, y aquí es donde comienza la preocupación sobre el costo fiscal de la medida.

El dispositivo firmado por la presidenta Dina Boluarte establece que a partir de enero de 2025 se otorgará una pensión mínima de S/600 tanto a jubilados del sistema privado (AFP) como del sistema público (ONP), siempre que hayan cumplido con al menos 20 años de aportes. Si bien esto parece una medida justa para garantizar un nivel básico de bienestar para los pensionistas, el problema surge cuando consideramos que muchos de estos beneficiarios han retirado sus fondos y, en consecuencia, no cuentan con ahorros suficientes para sustentar dicha pensión.

Anteriormente, la propuesta original exigía que aquellos que realizaron retiros devolvieran el dinero para ser elegibles a esta pensión mínima. Sin embargo, la versión final aprobada no contempla esta obligación, lo que significa que, incluso si una persona ha dejado su cuenta en cero, podrá acceder a la pensión de S/600, financiada por el Tesoro Público. Esto representa una carga considerable para el Estado y es precisamente lo que temía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aquellas personas que están próximas a jubilarse en una AFP y que realizaron alguno de los retiros autorizados por el Congreso se verán beneficiadas por esta medida, ya que, en muchos casos, sus fondos no serían suficientes para garantizar una pensión superior a S/300. De esta manera, la pensión mínima de S/600 representa una mejora para ellos, pero a costa del erario público.

Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, explica que la mayoría de los jubilados opta por retirar el 95,5% de sus fondos en lugar de comprar una pensión vitalicia. Esto se debe a que el monto resultante de la renta vitalicia en muchos casos es menor a la pensión mínima que ofrece el Estado. Por lo tanto, para un gran número de futuros jubilados, esta pensión mínima será más atractiva y les permitirá obtener un ingreso mensual más elevado del que podrían haber alcanzado por cuenta propia.

La nueva ley de pensiones no solo afecta a los afiliados a las AFP, sino que también beneficia a aquellos que cotizan en la ONP. Los jubilados del sistema público, que actualmente reciben una pensión mínima de S/500, también verán un aumento a S/600 desde enero de 2025. Sin embargo, la ley establece diferencias en los montos para aquellos con derechos derivados, es decir, los herederos, quienes solo recibirán S/400. Además, aquellos que han cotizado entre 10 y 15 años tendrán derecho a una pensión proporcional especial de S/300, mientras que los que tienen entre 15 y 20 años de aportes recibirán S/400.

El gran reto que enfrenta el Estado peruano con la implementación de esta pensión mínima de S/600 es, sin duda, su costo fiscal. Con la eliminación de la obligación de devolver los fondos retirados, el número de personas elegibles para esta pensión aumentará significativamente. Esto pone una presión considerable sobre las cuentas públicas, que ya se encuentran debilitadas tras la pandemia y otras contingencias económicas.

Se espera que el Ejecutivo presente en los próximos meses alguna modificación a la ley para paliar el impacto fiscal que esta medida podría tener a largo plazo. De no hacerlo, la situación podría convertirse en un problema grave para las finanzas públicas del país.