¿Qué sanciones internacionales recibiría el Perú por liberar a Alberto Fujimori?

El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la liberación del exdictador Alberto Fujimori ha generado que el Gobierno de Dina Boluarte abra un frente diplomático ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Esto debido a que el máximo órgano de justicia en el Perú restituyó su dictamen emitido en marzo de 2022, cuando aceptaron el habeas corpus que presentó la defensa de Fujimori en 2020 para que se considere válido el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kucyznski en diciembre de 2016.

Sin embargo, días después de haber conocido esa postura en 2022, la Corte IDH emitió una resolución en la que le recordó al Estado peruano que Alberto Fujimori se encuentra sentenciado por delitos de lesa humanidad por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

En otras palabras, lo que quiso decir la institución internacional es que los magistrados del TC no cumplieron con las condiciones que determinó la Corte IDH en mayo de 2018, por lo tanto, emplazó al Estado peruano que no acate dicha medida, ya que el Perú se encuenta adscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Pero con el fallo reciente del TC, el Gobierno de Dina Boluarte ha señalado que acatará lo que ha dictado la institución peruana de justicia. Lo cierto es que esto podría traer graves consecuencias al Perú.

La liberación inmediata de Alberto Fujimori, así dictado por el Tribunal Constitucional, ha polarizado al país y ha abierto la posibilidad de que el Perú pueda recibir algunas sanciones internacionales.

De acuerdo con el politólogo Alonso Cárdenas, la reputación internacional del Perú podría resultar severamente dañada al incumplir el pacto de San José y convertirse en un Estado que no respeta los derechos humanos.

"Puede haber dos tipos de sanciones. Digamos una sanción simbólica, que estaría a nivel político, que contribuiría con el deterioro de la imagen internacional del país. Una imagen internacional que ya está muy mellada, justamente por violaciones a DD. HH. que se han dado en el marco de las protestas de diciembre y enero", subrayó para La República.

En ese sentido, Cárdenas también indicó que el Perú podría recibir sanciones económicas. "También podría haber una sanción jurídica, cuando el Estado peruano tenga que responder en la Corte IDH sobre su accionar. El Estado peruano puede ser culpable, se le puede encontrar culpable y podría pagar una reparación como ha sucedido en casos anteriores", subrayó.

Asimismo, la presión diplomática que podrían ejercer otros países, organizaciones internacionales y sociedad civil para que cumpla con la sentencia de la Corte IDH también asomaría en el escenario. Cabe destacar que este martes 5 de diciembre, el presidente de dicho organismo, Ricardo Pérez Manrique, señaló que el Estado peruano no debe de liberar de forma inmediata a Alberto Fujimori ya que la nueva decisión de los magistrados del TC volverá a ser revisada y evaluada entorno a si cumple con las condiciones establecidas.

En caso la Corte IDH rechace nuevamente lo dictado por el TC y el Perú no acate su medida, el organismo internacional puede informar de lo ocurrido a la Asamblea General de la OEA sobre este incumplimiento. Esto generaría que la Asamblea pueda adoptar medidas o resoluciones condenatorias que seguirían mellando la imagen internacional del Perú, socavando la posibilidad, por ejemplo, de recibir nuevas inversiones.

El Estado peruano es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de 1981, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.