Petroperú: Contraloría denuncia obstáculos y amenazas contra labor de control en empresa pública

A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República hizo público que en las últimas semanas se registraron una serie de situaciones de "hostilización y amenazas" de parte del gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez.

Según informaron, desde mediados de febrero, se realizan las tareas de control en la empresa pública "que constituyen limitaciones". La Contraloría también anunció que los obstáculos y amenazas han sido comunicados al Presidente del Directorio de Petroperú.

Luego de esta serie de acontecimientos que limitan y perjudican la función de su trabajo, manifestaron que están preparando un informe que será oportunamente entregado al Ministerio Público.

Desde sus redes sociales, este organismo constitucional autónomo del Estado Peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país, recordó que ha iniciado servicios de fiscalización en Petroperú debido a denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en contrataciones.

En el escrito, también detallan que en el caso de la adquisición del biodiésel B100 se han detectado limitaciones en la recopilación de testimonios y declaraciones por parte de los funcionarios de Petroperú involucrados en la investigación.

El mayor problema, según resaltan, es que se niegan a prestar testimonios aduciendo haberlos brindado a la Fiscalía. "La Contraloría y el Ministerio Público tienen funciones distintas bien definidas en la ley", aclaró.

Por otro lado, la Contraloría precisó que el marco de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a la Gerencia General de Petroperú se procedió a requerir oportunamente la respectiva información sustentatoria.

También indicaron que, la empresa brindó información parcial y que no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que aseguran que consta en documentos oficiales.

Del mismo modo, en el documento, la institución señala que adicionalmente, el 18 de febrero del presente año, se efectuaron llamadas telefónicas desde la Gerencia General de Petroperú a la jefatura del OCI para "reclamar de manera airada".

“Lanzaron improperios y se amenazó con represalias contra el jefe y el personal del mencionado OCI. Dichas amenazas se materializaron con el retiro, sin previa coordinación, de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones", resumieron.

Antes de finalizar el comunicado, la Contraloría afirmó que las citadas conductas "limitan y obstruyen" el ejercicio del control gubernamental y contravienen las disposiciones que señalan que los funcionarios y servidores públicos están sujetos al control.

"El incumplimiento, negativa o demora de manera injustificada para la entrega o suscripción de la información requerida, contraviene la ley de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General de la República", finalizó.