Congreso busca cárcel para periodistas que publiquen colaboraciones eficaces

Mordaza dura y pura. Los periodistas que difundan el contenido de las declaraciones de los colaboradores eficaces y los funcionarios públicos, como fiscales, jueces y procuradores que filtren la información a los medios de comunicación, serán castigados con pena de cárcel, de acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso.

El proyecto que modifica las normas que regulan la colaboración eficaz -que solo espera la votación del Congreso para entrar en vigencia- es una mordaza para que el periodismo no informe sobre las investigaciones seguidas a personas imputadas por actos de corrupción, entre quienes se encuentran líderes de partidos políticos con representación en la Comisión de Justicia que, casualmente, respaldaron el dictamen. Es un caso de obvio conflicto de intereses.

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia dice a la letra:

"El que indebidamente revela, proporciona, difunde, suministra, otorga o da, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegidos, agente encubierto o especial, o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Cuando el agente es funcionario o servidor público, y en razón del ejercicio de su cargo, profesión u oficio, tiene acceso a la información contenida en el párrafo anterior y realiza las conductas ahí previstas, la pena será no menor de cinco ni mayor de siete años, e inhabilitación".

De haber estado vigente esta norma cuando se empezó el caso Lava Jato, los periodistas habrían estado impedidos de reportar sobre las declaraciones de los colaboradores eficaces de la constructora Odebrecht, descargos que contribuyeron a identificar los millonarios pagos ilegales a funcionarios públicos, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de candidatos presidenciales, como Keiko Fujimori.

Así fue la cosa. Fue la bancada mayoritaria de Fuerza Popular la que intentó varias veces, con el apoyo del Partido Aprista Peruano, entre 2016 y 2019, censurar de distintas formas la publicación de las delaciones de los corruptores de Odebrecht. La escalada se incrementó después de que el 10 de noviembre del 2017 Marcelo Odebrecht confirmó que las anotaciones en su teléfono celular, de “aumentar a Keiko (US$) 500 (mil) y visitarla”, correspondían a una contribución de dinero para la excandidata, y que “AG” eran las iniciales del expresidente Alan García.

El dictamen de la Comisión de Justicia representa un intento más de criminalizar el trabajo periodístico relacionado con la divulgación de las declaraciones de los colaboradores eficaces. De entrar en vigencia, los hombres de prensa serían pasibles de ser condenados a ir tras las rejas por informar sobre las delaciones de los integrantes de las organizaciones criminales.

La iniciativa aprobada por la Comisión de Justicia es prácticamente una copia del proyecto de ley que a nombre de Fuerza Popular presentó Héctor Becerril, el 22 de mayo del 2019, que intentó introducir como “falta muy grave”, pasible de sanción, que un fiscal “comparta, transmita, comunique, filtre, entregue o que de cualquier otro modo ponga en conocimiento de terceros información reservada proveniente de una investigación a su cargo”.

Casi tres años después, la Comisión de Justicia aprobó una disposición con similar propósito.

“El periodista recibe información de la fuente, y si es de interés público, no puede ser criminalizado por la divulgación de su contenido. Eso ya está zanjado en la jurisprudencia nacional. (El dictamen de la Comisión de Justicia) es una respuesta de experiencia reciente en la que el testimonio de los colaboradores eficaces que fueron divulgados terminaron afectando a políticos. La intención de los políticos es protegerse para que la información no se divulgue o no se sepa la verdad”, explicó el asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Roberto Pereira, a La República.

Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, no dudó en advertir sobre las nefastas consecuencias que tendría para el ejercicio periodístico el dictamen de la Comisión de Justicia: “Este proyecto ataca de manera directa la relación entre el periodista y sus fuentes, y se constituye básicamente en una mordaza, en una censura directa para actividad periodística, en particular en casos de corrupción y lavado de activos”.

Sobre el castigo de prisión que se impondría , por el solo hecho de reportar sobre las delaciones de los implicados, Zuliana Lainez refirió: “Imponer una pena de cárcel para la difusión del contenido de las colaboraciones eficaces, para nosotros institucionalmente, es una amenaza terrible a la actividad periodística, y una censura directa para el periodista. No se puede perseguir y judicializar a periodistas que cumplen con su trabajo”.

El reportero de investigación Daniel Yovera, quien en varias ocasiones difundió declaraciones de colaboradores eficaces de organizaciones criminales, expresó que el proyecto del Congreso tiene como propósito principal silenciar a los periodistas que informan sobre la corrupción.

“El objetivo es acallar al periodismo de investigación que revela este tipo de contenidos, que por lo general son sobre políticos vinculados con organizaciones criminales”, argumentó Yovera, periodista de Epicentro.

“Este mecanismo está vinculado estrechamente a los intentos desde el Congreso para censurar al periodismo de investigación mediante proyectos que amenazan la libertad de prensa”, manifestó.