Sodalicio saca su dinero de Perú, a espaldas del Vaticano, para no reparar a los sobrevivientes

Desde la ventana de la casa del Sodalicio en Bogotá, ubicada en Carrera 20 # 127b-66, en el barrio La Calleja, Jaime Manuel Baertl Gómez fuma compulsivamente mientras habla por videollamada con Juan Carlos y Javier Len, sus abogados en Lima, Ary Alcántara Valdivia (del estudio Osterling abogados) y Gonzalo Flores Santana: ‘’¿Qué m… está pasando? ¿Por qué sigue abierta la posibilidad de ser investigado por lavado de activos en el Perú? ¿Qué diablos les pasa a todos?’’.

La organización católica Sodalitium Christianae Vitae es una moneda de dos caras: una, la del fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo, acusado de presuntos abusos sexuales y protegido en Roma del alcance de la justicia peruana; y Jaime Manuel Baertl Gómez, acusado de supuestas malas prácticas empresariales e idear junto al actual arzobispo de Piura, José Eguren Anselmi, un sistema para defraudar al fisco para enriquecerse con su círculo más cercano.

A punto de cumplir 50 años en diciembre próximo, el Sodalicio buscó ocultar su poder económico al Vaticano y moverlo fuera del país, primero en Panamá, para luego trasladar el dinero a Denver, Estados Unidos, con el fin de no compensar como corresponde a las víctimas de abusos perpetrados por la organización religiosa.

Luego de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), Jaime Baertl dirigió la operación de mover el dinero fuera del país mediante tres offshore en el paraíso financiero en Panamá: Fundación San Ignacio, Providential Inc. y Fundación Santa Rosa.

La República revela el astuto mecanismo con el que se inició el crecimiento del imperio económico del Sodalicio usando el concordato (acuerdo firmado entre Perú y el Vaticano en 1980), para la presunta intención de defraudar al fisco peruano.

Todo empezó en 1999, cuando la Asociación Civil San Juan Bautista, que tenía como presidente el actual arzobispo de Piura y Tumbes, José Eguren Anselmi, atravesaba una serie de dificultades económicas para continuar operando el cementerio Parque del Recuerdo en Lurín.

A los pocos días que una parte del terreno del cementerio fue embargado, el 29 de junio de 1999, el sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez constituyó en Panamá la offshore Pusan Foundation con un capital de 10 mil dólares. Luego le cambió de nombre a Fundación San Ignacio.

A los 8 meses de constituida, la offshore pagó con dinero de fuente desconocida hasta hoy una deuda de la Asociación Civil San Juan Bautista por 1 millón 700 mil dólares, y a cambio adquirió el dominio del 50 por ciento del cementerio, que tenía que ser donado a otra institución también vinculada con el Sodalicio.

El 23 de junio del 2000, el arzobispo Eguren informó ante los accionistas de la Asociación Civil San Juan Bautista que en abril de ese año Raúl Guinea Larco conversó con el entonces obispo de Lurín para que constituya una persona jurídica de la Iglesia católica, con la finalidad de que, junto con la offshore de Jaime Baertl, le donen el 100% del cementerio bajo ciertas condiciones.

La dirección, administración y control de la persona jurídica estaría a cargo de manera exclusiva del Sodalicio. Las rentas y utilidades también serían para el Sodalicio. El obispo de Lurín aceptó y se constituyó el 24 de junio del 2000 la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, que tendría como director general al sodálite Juan Carlos Len Álvarez.

Con la ayuda de un equipo de abogados, el Sodalicio en pleno se reunió un 19 de enero del 2001 en una notaría que ya no existe más: Ramón Espinosa Garreta, para poner en blanco y negro la donación del cementerio entre dos entidades manejadas por el Sodalicio: la Asociación Civil San Juan Bautista y la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo.

Como parte de la Asociación Civil San Juan Bautista, firmaron el sodálite José Ambrozic Velezmoro, Raúl Guinea Larco; como parte de la misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo suscribió el sodálite Juan Carlos Len Álvarez, quien no se identificó como de profesión religioso sino administrador. Y como parte del Sodalitium Christianae Vitae firmaron Eduardo Regal Villa y José Antonio Eguren Anselmi, y en representación de la offshore Fundación San Ignacio, puso su rúbrica el sacerdote Jaime Baertl.

(Con información de Raiza Arroyo y Paola Ugaz/ La República)