¡Escándalo! Fiscalía investiga a jueces por supuesta liberación de narcos

Tras una profunda investigación, el diario La República reveló que la Fiscalía ha encontrado evidencias que le permiten señalar que la “profesora” es el alias que se utilizaba para referirse a la jueza superior titular de Lima, Emma Benavides Vargas.

“A la profesora no le interesa que seas culpable o inocente, la libertad cuesta”, era una consigna que dos abogados repetían a sus eventuales clientes en el penal de Ancón 1, entre el 2012 y 2016, por lo menos.

Según La República, durante el 2018, a raíz del caso del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la frase fue repetida por el testigo Manuel Hilario Sánchez ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal para casos de corrupción.

La investigación detalla, que la jueza Benavides es una magistrada con más de 30 años de carrera en el Poder Judicial. Gozaba de una conducta intachable e incorruptible, por lo que hasta el año 2020 integró diversos tribunales de la hoy Corte Penal Nacional.

Sin embargo, en setiembre de este año, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra los jueces Emma Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García, integrantes del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, entre noviembre del 2012 y marzo del 2015, por delitos de cohecho y organización criminal.

A todos los mencionados, según La República, la Fiscalía los señala como los presuntos líderes e integrantes de una organización criminal compuesta por jueces, servidores judiciales y abogados, que liberaban narcotraficantes y peligrosos extorsionadores, a cambio de pagos de dinero que llegarían hasta los 150 mil dólares.

Además, a esta relación, se sumaría al juez Rafael Martín Martínez Vargas, el magistrado que lleva dos meses realizando una audiencia para decidir si inicia investigación judicial al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud por el caso de las esterilizaciones forzadas.

Sobre los involucrados, La República informó que Apaza tiene su plaza de juez superior titular en la Corte del Santa y Martínez, de juez especializado en la Corte Superior de Piura, mientras que, antes, el 26 de febrero del 2020, la jueza superior Emma Benavides también fue retirada de la Corte Penal Nacional y desde entonces labora en la Tercera Sala Penal para reos libres de Lima.

Por su lado, Lorenzo Ilave, proveniente de la Corte Superior de Junín, se jubiló por límite de edad el 5 de agosto del 2019. A pedido del fiscal supremo adjunto Alcides Chincha, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Muñoz ha impuesto comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y pago de 50 mil soles de caución para la jueza Emma Benavides.

Asimismo, se dictó orden de detención por 18 meses contra el abogado Walter Mendoza Pérez y comparecencia restringida para la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga. Los testigos han identificado a Walter Mendoza y Ana Luisa Vásquez como los presuntos intermediarios para los pagos que presos por graves delitos realizaron a los jueces para obtener su libertad.

En la investigación también han sido incluidos la secretaria judicial Carmen Pilar Arias Tello, quien “laboró juntamente con el juez Rafael Martín Martínez Vargas, encargada de tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados, en primera instancia judicial”.

Además, al colombiano Roberto Carlos Gómez Herrera y Edison José Ruiz Martínez. Tras huir del Perú, en julio del 2017, Gómez Herrera, conocido como “El Huevo” fue detenido en Madrid, donde vivía rodeado de lujo, con identidad falsa.

Hasta el momento, los cuatro jueces involucrados en la investigación de la Fiscalía suprema niegan haber pedido dinero y aseguran que los abogados tomaron sus nombres inconsultamente. A su vez, los abogados refieren que nunca pidieron sobornos y que solo se trata de sus honorarios.

La Corte Penal Nacional emitió un comunicado en el que señala que los jueces María Luisa Apaza y Rafael Martínez tienen la obligación de concluir sus casos y evitar que estos regresen a comenzar de cero.

Anotaron que la resolución que los regresa a sus cortes subraya la obligación de no afectar el desarrollo de los procesos en trámite.