Susel Paredes denunció constitucionalmente a Manuel Merino
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La congresista Susel Paredes presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario Manuel Merino. En el escrito explica, que la acusación se debe por asumir la Presidencia de la República en noviembre del 2020, tras la vacancia del entonces mandatario Martín Vizcarra.
Como se recuerda, Manuel Merino fue presidente por pocos días. En el documento enviado a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), se precisa que la acusación es por presunta infracción constitucional a los artículos 43, 45, 102 inciso 2, 113 inciso 2 y 117.
Del mismo modo, detallan que el pedido de vacancia se sustentaba en la presunta comisión de delitos por diversos casos que aún estaban en fase de investigación por parte del Ministerio Público.
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Susel Paredes consideró que según el artículo 117 de la Constitución Política, el mandatario solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, legislativas, regionales o municipales.
También, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Carta Magna, así como por impedir su reunión o funcionamiento y los del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.
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Más datos
El pasado 4 de octubre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente.
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Esta medida se ejecutó tras culminar las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de decenas de heridos con lesiones graves y leves.
Los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones.