Defensoría del Pueblo advierte que posible remoción de la jefa de la ATU "constituiría un acto ilegal"

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno asumir con responsabilidad la regulación y supervisión del transporte público a nivel nacional, así como promover una verdadera reforma del transporte urbano.

El organismo público realizó este pedido luego de que días atrás se difundiera conversaciones en las que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, habría ofrecido reemplazar a las titulares de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ante las amenazas de huelga de los transportistas, prevista para el próximo 8 de noviembre.

La Defensoría del Pueblo recordó que las labores a cargo de la Sutran y de la ATU están revestidas de la máxima importancia.

"Una adecuada supervisión del servicio de transporte, así como del tránsito en las carreteras nacionales contribuye decididamente a la mejora de la seguridad vial. Del mismo modo, la apropiada regulación del servicio de transporte en las provincias de Lima y Callao beneficia directamente a los pasajeros que realizan 27 millones de viajes diarios", remarcó en un comunicado.

En ese sentido, sostuvo que es urgente que se garantice el adecuado funcionamiento de ambas entidades y que se encuentren libres de injerencias políticas indebidas.

"Se requiere que el ministro de Transportes y Comunicaciones asuma un real compromiso de promover una verdadera reforma del transporte urbano a cargo de la ATU y respaldo a las acciones de fiscalización a cargo de la Sutran", refirió el organismo público.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la ATU fue creada por la Ley N° 30900, según la cual la designación de su titular tiene una duración de 5 años, por lo que una posible remoción "constituiría un acto ilegal, debido a que apenas han transcurrido 2 años desde el nombramiento de su actual presidenta ejecutiva".

"Solicitamos a la nueva titular de Sutran [Doris Violeta Alzamora Chamorro] disponer medidas destinadas a mejorar sustancialmente sus procedimientos, así como la solución justa de reclamos y resolver los problemas de seguridad vial que ocasionan más del 27 % de personas fallecidas por accidentes de tránsito en las carreteras a su cargo", agregó.