El Vaticano busca explicaciones del Sodalicio sobre las reparaciones a sobrevivientes

El pasado domingo, el portal Crux reveló que el papa Francisco se reunió con José Domingo Correa, el director general del Sodalicio tras la salida de Alessandro Moroni. Esta reunión se dio con la finalidad de informar cuáles son las reformas en las constituciones del Sodalicio y de los intentos de reparación a los cientos de sobrevivientes desde su creación en 1971.

Sin embargo, a pesar del pedido de explicaciones para garantizar las reparaciones correspondientes. En el Perú se ve una realidad distinta, ello porque el propio Sodalicio movió el dinero a Panamá y luego a Denver con el fin de evitar pagar la reparación a los afectados.

La República reveló que el procurador del Sodalicio ante la Santa Sede, Enrique Elías Dupuy, es tesorero de la offshore Fundación Santa Rosa y junto con “Providential Inc” está moviendo dinero del Sodalicio en Perú a Estados Unidos. Esta situación solo agrava las cosas en el Vaticano para la propia organización, la cual cumplirá 50 años el próximo mes.

La abogada tributarista, Klever Espinoza, señaló que una sociedad offshore no aplica para la propiedad y las inversiones de una entidad de la Iglesia católica. " No tiene por qué ocultar titulares y tampoco es un emprendimiento de tecnología que opera en varios lugares. Solo queda pensar que buscaba ir a un territorio donde sea más difícil el intercambio de información", señaló sobre las acciones del Sodalicio.

Al respecto, el experto en religiosidad, el teólogo y sociólogo José Luis Pérez Guadalupe dijo para La República que “el problema es legal: el Vaticano no puede hacer nada hasta que la justicia se pronuncie sobre (Luis Fernando) Figari. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, cuando recién asumió tuvo una actitud muy proactiva”.

Asimismo, mencionó que en semana santa llevaron a las víctimas del Sodalicio y les lavó los pies. Esto en referencia a José Rey de Castro y su esposa. Sobre el accionar de la organización para evitar el pago de reparación a los sobrevivientes, el especialista enfatizó que simplemente deben quitarles la licencia de organización religiosa como pensaba hacer el arzobispo de Lima en un inicio.

" En mi diócesis no tendrían ninguna facultad sacerdotal. Se tendría que hacer a nivel de Iglesia, porque ya le están sacando la vuelta, se están burlando de todos, incluido el papa”, refirió Pérez Guadalupe. “Frente a estos grupos que le están haciendo daño a la Iglesia católica debemos tomar una decisión radical, atacar el problema desde la raíz”, concluyó.

Recordemos que, el pasado 9 de diciembre del 2020, el abogado José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, en representación de exsodálites, interpuso una denuncia contra Luis Fernando Figari Rodrigo y los que resulten responsables. Asimismo, requirió que se sirva disponer que el Sodalicio ni ninguna de sus asociaciones o misiones operen bajo la cobertura del concordato. Hasta la fecha, no existe ninguna novedad sobre la referida denuncia presentada ante el vicario judicial de Lima.

El Sodalicio lucraba a través de un mecanismo que implicaba que sus cementerios sean extraterritoriales, lo cual es una forma de convertirse fiscalmente en una isla tributaria. De este modo se crean muros de concreto invisibles que impiden la fiscalización por alguna entidad del Estado.

Esta aplicación fue rechazada en el 2001 por la Dirección de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia, durante la Séptima Sesión de la Comisión R.M. N° 317–2001–JUS. Coincidentemente, el abogado y vocal de la offshore Fundación Santa Rosa de Lima, Gonzalo Flores Santana tenía conocimiento de lo sucedido.

El Sodalicio habría continuado operando bajo dicha modalidad hasta el 2003, año en que el nuncio apostólico Rino Passigato intervino logrando una opinión a su favor. Fuentes exsodálites que pidieron no ser identificados, declararon ante La República que él habría tenido una elación bastante cercana con Luis Fernando Figari Rodrigo y Jaime Baertl Gómez.

En 1980 se suscribió el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú del cual las dudas surgieron por los colegios católicos. Al respecto, la Sunat le consultó en el 2015 al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre si el artículo I alcanzaba a las entidades que forman parte como los colegios.

En ese entonces, la cancillería dio respuesta positiva a la pregunta en base al acuerdo y el Convenio de Viena (Privilegio de misiones diplomáticas). Es importante mencionar que, si bien la prestación de servicios vienen por parte de la Iglesia católica, aún hay una obligación de al menos cumplir las normas establecidas por las leyes tributarias. A pesar ello, ninguna entidad acepta cumplir con estas obligaciones.

A la fecha, existe una solicitud de opinión pendiente desde el 2018 entre la Sunat y Ministerio de Economía para esclarecer el tema. Actualmente, la discusión gira en torno al desarrollo de actividades, funciones y fines de la Iglesia católica que están reguladas por el Derecho Canónico y se rigen por el artículo I del acuerdo. Así como por las actividades y fines no propios de la Iglesia católica se rigen por el artículo X, referido a actividades y fines no propios de esa Iglesia.

El 24 de junio del 2000 se emitió un Decreto episcopal N° 013-00 con la finalidad de crear la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo. De este modo se promovía las actividades pastorales que se realicen en la jurisdicción.

En este decreto se dispone a la Asociación Civil San Juan Bautista como donante para la creación de la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo. Este contrato se encuentra sujeto a una condición resolutoria que celebran con intervención del Sodalitium Christianae Vitae y la Fundación San Ignacio.

Durante la asamblea general extraordinaria del 23 de junio del 2000 de la Asociación Civil San Juan Bautista, José A. Eguren informó a los asistentes que el obispo de Lurín aceptó la propuesta de crear una persona canónica para  “que se haga de lo pastoral que se realiza en el cementerio Parque del Recuerdo”. (Con información de La República)