Sodalicio saca su dinero de Perú para no reparar a los sobrevivientes

Luego de seis años del destape del caso Sodalicio, según un informe presentado por el diario La República, la controvertida organización religiosa movió su dinero mediante varias offshore en Panamá y Estados Unidos, a espaldas del Vaticano y del fisco peruano.

En el detallado informe del diario La República, se precisa que la organización católica Sodalitium Christianae Vitae es una moneda de dos caras: una, la del fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo, acusado de presuntos abusos sexuales y protegido en Roma del alcance de la justicia peruana; y Jaime Manuel Baertl Gómez, acusado de supuestas malas prácticas empresariales e idear junto al actual arzobispo de Piura, José Eguren Anselmi, un sistema para defraudar al fisco para enriquecerse con su círculo más cercano.

También señalan que este diciembre cumple 50 años, el Sodalicio que buscó ocultar su poder económico al Vaticano y moverlo fuera del país, primero en Panamá, para luego trasladar el dinero a Denver, Estados Unidos, con el fin de no compensar como corresponde a las víctimas de abusos perpetrados por la organización religiosa.

Todo inició con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), donde Jaime Baertl dirigió la operación de mover el dinero fuera del país mediante tres offshore en el paraíso financiero en Panamá: Fundación San Ignacio, Providential Inc. y Fundación Santa Rosa.

La República revela el astuto mecanismo con el que se inició el crecimiento del imperio económico del Sodalicio usando el concordato (acuerdo firmado entre Perú y el Vaticano en 1980), para la presunta intención de defraudar al fisco peruano.

A los pocos días que una parte del terreno del cementerio fue embargado, el 29 de junio de 1999, el sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez constituyó en Panamá la offshore Pusan Foundation con un capital de 10 mil dólares. Luego le cambió de nombre a Fundación San Ignacio.

El informe del diario La República, indica que, a los 8 meses de constituida, la offshore pagó con dinero de fuente desconocida hasta hoy una deuda de la Asociación Civil San Juan Bautista por 1 millón 700 mil dólares, y a cambio adquirió el dominio del 50 por ciento del cementerio, que tenía que ser donado a otra institución también vinculada con el Sodalicio.

Por otro lado, se señala que el 23 de junio del 2000, el arzobispo Eguren informó ante los accionistas de la Asociación Civil San Juan Bautista que en abril de ese año Raúl Guinea Larco conversó con el entonces obispo de Lurín para que constituya una persona jurídica de la Iglesia católica, con la finalidad de que, junto con la offshore de Jaime Baertl, le donen el 100% del cementerio bajo ciertas condiciones.

La dirección, administración y control de la persona jurídica estaría a cargo de manera exclusiva del Sodalicio. Las rentas y utilidades también serían para el Sodalicio. El obispo de Lurín aceptó y se constituyó el 24 de junio del 2000 la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, que tendría como director general al sodálite Juan Carlos Len Álvarez.

Del mismo modo, la investigación del diario La República, indica que, con la ayuda de un equipo de abogados, el Sodalicio en pleno se reunió un 19 de enero del 2001 en una notaría que ya no existe más: Ramón Espinosa Garreta, para poner en blanco y negro la donación del cementerio entre dos entidades manejadas por el Sodalicio: la Asociación Civil San Juan Bautista y la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo.

Se añade, que, como parte de la Asociación Civil San Juan Bautista, firmaron el sodálite José Ambrozic Velezmoro, Raúl Guinea Larco; como parte de la misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo suscribió el sodálite Juan Carlos Len Álvarez, quien no se identificó como de profesión religioso sino administrador. Y como parte del Sodalitium Christianae Vitae firmaron Eduardo Regal Villa y José Antonio Eguren Anselmi, y en representación de la offshore Fundación San Ignacio, puso su rúbrica el sacerdote Jaime Baertl.

La donación se acordó entre los representantes de la asociación, la misión, el Sodalitium Christianae Vitae, cuya dirección en el documento era la casa de Luis Fernando Figari, ubicada en La Pinta 130, en San Isidro, y la offshore.

La Misión Católica del Parque del Recuerdo, según el escrito notarial, es una persona jurídica de la Iglesia católica y goza dentro del territorio peruano de la personería de derecho público interno en virtud de estipulado en el Concordato, acuerdo internacional celebrado entre la Santa Sede y la república del Perú, el 19 de julio de 1980.

La offshore de Jaime Baertl, Fundación San Ignacio, adquirió el 50 por ciento de los derechos del cementerio.

La justificación de la participación del Sodalitium Christianae Vitae, por intermedio de Eduardo Regal y el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, “es en virtud a que se le ha encomendado a perpetuidad la misión y en consecuencia debe velar por el cumplimiento de los fines de dicha misión, los medios que se utilicen para ello y asimismo es responsable de conservar la dignidad sagrada del cementerio católico Parque del Recuerdo, que es objeto de la presente donación”.

Este esquema de donaciones ficticias fue replicado en los siete cementerios constituidos por el Sodalicio en todo el país: Lurín, Callao, Puente Piedra, Piura, Tacna, Ica y Arequipa. Este mecanismo enriqueció al Sodalicio.

Los capitostes del Sodalicio movieron los bienes de su buque insignia: Inversiones San José SAC, para que, por un lado, la mano de la justicia peruana no los alcance y, por el otro, que el equipo del Vaticano que los investiga por abusos no conozca de su poder económico. Además de la offshore Fundación San Ignacio, creada en 1999 por Jaime Baertl, el Sodalicio compró dos offshore más que hasta ahora se mantuvieron en el anonimato y sirvieron de puente para transferir sus principales activos a Denver, en Colorado (Estados Unidos), donde recibirán las utilidades de sus ingentes negocios en Perú que se calculan en más de mil millones de dólares: Fundación Santa Rosa, constituida por Dirserv Inc., relacionada con 68 empresas vinculadas al caso de los Paradise Papers; y Providential Group Inc., constituida por Istmeña Internacional S.A., y Azuero Inversionista S.A., que son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por