Ruth Shady: Arqueóloga es amenazada a muerte por enfrentar a traficantes de terrenos
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La ciudadela más antigua de América se encuentra en peligro por los traficantes de terrenos que usurparon el lugar. La descubridora de Caral y arqueóloga, Ruth Shady, viene recibiendo amenazas de muerte por defender un patrimonio natural significativo no solo para el Perú, sino también para todo el continente americano.
La arqueóloga había iniciado una lucha frontal contra el tráfico de terrenos en la propia ciudadela ubicada en Supe; sin embargo, aún no cuenta con resguardo policial para ella y para su equipo. Según Shady, la Policía de Supe mencionó que no era su prioridad atender los centros arqueológicos durante la pandemia.
“No soy la única, todo mi equipo recibió las amenazas, incluso los abogados, les dijeron que los van a enterrar conmigo. En estos tiempos de pandemia, una familia ha invadido parte de Caral. La Fiscalía y la Policía no están actuando como deben ser. No hay resguardo policial. Al arqueólogo encargado de Caral lo han golpeado. No solamente es contra mi persona, es contra todos”, declaró a RPP Noticias.
Frente a las amenazas, la investigadora no puede trasladarse hasta la zona arqueológica. Asimismo, comentó que ella fue agredida verbalmente por los traficantes y los miembros de su equipo han sido golpeados.
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¿Cuál fue la respuesta del Estado ante las amenazas de muerte hacia Ruth Shady?
Shady comenta que dos ministros de la gestión del expresidente Sagasti le increparon que tenía que pagar para acceder al resguardo policial de los efectivos; ello a pesar de las constantes amenazas que reciben al intentar ingresar a un centro arqueológico.
“Hace poco tiempo, cuando nos dejaron sin policía y con amenazas por teléfono, hemos estado acudiendo permanentemente. A través del ministro anterior (de Cultura), le dijimos que ayudara con el Ministerio del Interior. Pero me dijeron que no había policías, que teníamos que pagar 3.780 soles al mes a cada policía por ocho horas de trabajo”, mencionó.
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Ante la negativa, la investigadora se comunicó con el Ministerio de Cultura para saber si podían asumir el costo; sin embargo, la cartera no se hizo responsable.
“Pese a que tenemos las denuncias en el Poder Judicial, ellos tienen que ser sacados como invasores, porque (el terreno) está a nombre del Estado. Ratificaron (la medida) en la Corte Superior en 2018. Pero hasta ahora siguen invadiendo Caral. Nos han denunciado como si fuéramos usurpadores cuando los usurpadores de terrenos son ellos”, sentenció.