Tres universidades peruanas cerrarán este 31 de diciembre: Conoce el destino de sus alumnos

Tres universidades peruanas deberán cerrar sus actividades el 31 de diciembre de 2024, tras no obtener la licencia por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta medida se tomó debido a que dichas instituciones no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Es importante señalar que la Sunedu, adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), y la Ley Universitaria actual fueron creadas para supervisar y garantizar la calidad de la educación superior en Perú, con el fin de fortalecer la formación de profesionales en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Entre las tres universidades afectadas se incluyen tanto privadas como públicas, lo que genera gran preocupación entre los estudiantes que cursan actualmente sus estudios en dichas instituciones y aquellos que planeaban continuar su formación allí.

Las universidades que no obtuvieron el licenciamiento de Sunedu y que cerrarán sus puertas a finales de año son las siguientes:

La decisión de cerrar estas universidades constituye un desafío importante para el sistema educativo del país. En respuesta, la Sunedu ha reafirmado su compromiso de promover una educación de calidad en todas las instituciones de educación superior en Perú. Según la entidad, estas medidas son esenciales para asegurar que los jóvenes reciban una formación que cumpla con los estándares internacionales.

Según lo indicado por la Sunedu, las universidades que cerrarán el 31 de diciembre deben mantener una comunicación efectiva con los estudiantes para informarles sobre las opciones disponibles para continuar con su educación y proporcionarles los documentos académicos necesarios, como certificados de estudios.

En este contexto, las instituciones afectadas pueden establecer convenios con otras universidades para facilitar la reubicación de los alumnos. En tales casos, la universidad receptora debe estar debidamente licenciada y podrá admitir a los estudiantes a través de exámenes de suficiencia, convalidación de cursos y otras modalidades.

Se trata de un organismo público, adscrito al Ministerio de Educación, que asegura una oferta educativa de calidad en beneficio de los estudiantes mediante el licenciamiento y la supervisión, actuando con eficiencia, transparencia, predictibilidad y respetando la autonomía universitaria. Su objetivo es que, a través de estas normativas, los jóvenes puedan mejorar sus competencias profesionales.

Uno de sus principales fines es verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y supervisar que los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal sean destinados a fines educativos y a la mejora de estos.

Desde el 5 de enero de 2015, asumió el rol de fiscalizador para elevar la calidad educativa en el país, utilizando sus facultades para aprobar o rechazar licenciamientos, requisito indispensable para que una institución pueda operar en el territorio nacional.