Alberto Fujimori ¿Cuáles son los delitos por los cuales está condenado el expresidente?

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una orden de liberación inmediata para el exdictador Alberto Fujimori, ratificando la sentencia de 2022 que concedió un habeas corpus a su favor y restableció los efectos del "indulto humanitario" otorgado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Los magistrados del TC que respaldaron la liberación de Fujimori son Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. En su resolución, reconocieron que el Estado no cumple con las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, destacaron que no tienen competencia para dictar la ejecución o no de una sentencia en un tribunal nacional. Esta decisión del TC genera repercusiones en el ámbito legal y político, dando lugar a un escenario complejo en relación con los derechos humanos y la jurisprudencia internacional.

El indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Kuczynski, como medida para evitar la vacancia presidencial propuesta por los congresistas de Fuerza Popular, ha vuelto a ser el centro de atención. En ese momento, el comunicado liberando a Fujimori se emitió el 24 de diciembre de 2017, justo antes de la celebración de la Navidad, cuando el exdictador estaba recluido en una clínica de Pueblo Libre debido a una inesperada descomposición.

Más de cuatro años después de este suceso, Alberto Fujimori recupera su libertad a los 83 años, a pesar de enfrentar una condena de 25 años de cárcel por su participación en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. La decisión de la Corte Suprema de anular este indulto en octubre de 2018 se basó en la argumentación de que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no se ajustaban a las normas establecidas para el otorgamiento de indultos humanitarios, especialmente en casos relacionados con prisioneros condenados por crímenes de lesa humanidad.

Este revés legal generó controversias y reavivó el debate sobre la aplicabilidad de estas medidas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Alberto Fujimori, reconocido como exdictador tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, enfrentó condenas por su papel en eventos que marcaron la historia de Perú. En ese momento, cerró de manera inconstitucional el Congreso y, junto a su asesor Vladimiro Montesinos, asumió el control absoluto de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

La implicación de Fujimori en estos delitos no está sujeta a debate. El juez César San Martín, quien encabezó el proceso, afirmó categóricamente: "Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria." Este veredicto pone de manifiesto la contundencia de las pruebas presentadas contra Fujimori en relación con los hechos ocurridos durante y después del autogolpe de 1992, consolidando su condena.

El 11 de diciembre de 2007, se emitió la primera sentencia desfavorable contra Alberto Fujimori. En esa ocasión, la Sala Penal determinó que el exdictador había instruido a un militar para suplantar a un fiscal con el objetivo de llevar a cabo un allanamiento ilegal en la residencia de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.

Este veredicto, relacionado con el delito de usurpación de funciones, marcó el inicio de una serie de juicios que evidenciaron la implicación de Fujimori en acciones ilegales durante su mandato. El proceso judicial destacó la gravedad de la usurpación de funciones al utilizar a un militar para realizar allanamientos ilícitos, subrayando la relevancia de la condena en la trayectoria legal de Fujimori.

Alberto Fujimori fue condenado a 6 años de prisión por el delito de usurpación de funciones, marcando un hito en su historial legal. Esta sentencia no solo aborda la participación del exdictador en la instrucción de un militar para suplantar a un fiscal, sino que también incluye el robo de varios 'vladivideos', material que se presume lo vincula directamente con otros delitos.

Además de la pena de prisión, se le impuso una reparación civil de 400.000 soles. Sin embargo, hasta la fecha, este monto no ha sido pagado, lo que agrega un elemento significativo a la trama legal en torno a las acciones de Fujimori. Este incumplimiento financiero destaca la persistencia de las repercusiones económicas derivadas de sus actos ilícitos, subrayando la complejidad y las consecuencias continuas de su participación en diversas actividades ilegales.

El 7 de abril de 2009, se emitió la segunda sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori, marcando un momento crucial en su historial legal. En esta ocasión, fue condenado a 25 años de prisión por su implicación en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, eventos que ocurrieron después del autogolpe de 1992.

La sentencia también incluyó la imposición de una reparación civil, fijada en una suma de 1 060 400 soles. Sin embargo, hasta la fecha, esta reparación civil no ha sido cancelada. Este episodio legal no solo destaca la gravedad de los crímenes cometidos por Fujimori, sino que también subraya las consecuencias económicas no resueltas que derivan de sus acciones. La falta de pago de la reparación civil agrega un componente adicional a la complejidad de la situación legal en torno a Fujimori y sus responsabilidades pendientes.

El 3 de noviembre de 1991, Barrios Altos, uno de los distritos más tradicionales del Cercado de Lima, fue escenario de una tragedia. En un ataque brutal, 15 personas fueron acribilladas, incluyendo a un niño de 8 años, bajo la falsa suposición de que estaban vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Otros cuatro ciudadanos resultaron heridos en este acto violento.

La posterior identificación de los autores reveló que eran miembros del Grupo Colina, un grupo paramilitar conformado por integrantes de las Fuerzas Armadas. Este trágico suceso se convirtió en un hito que destacó la gravedad de las violaciones a los derechos humanos durante ese período, y las investigaciones y juicios subsiguientes demostraron la responsabilidad de estos individuos en la masacre de Barrios Altos.

El 18 de julio de 1992, menos de un año después de la masacre de Barrios Altos, un profesor universitario y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, fueron víctimas de secuestro y asesinato a manos del Grupo Colina.

Casi dos años después, el 21 de febrero de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó sentencia contra 10 miembros de este grupo paramilitar, imponiendo condenas que iban desde uno hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, a pesar de esta condena, el Congreso, que en ese momento contaba con una mayoría fujimorista, aprobó una Ley de Amnistía que resultó en la liberación de todos los implicados. Este evento posterior subraya las complejidades y desafíos en la búsqueda de justicia para las víctimas de La Cantuta, evidenciando las tensiones políticas que afectaron el proceso legal.

En el año 2009, Alberto Fujimori admitió haber entregado la suma de 15 millones de dólares a su exasesor, Vladimiro Montesinos. El exdictador afirmó que estos fondos provenían de recursos del Estado peruano. En respuesta a esta revelación, la Sala le impuso una condena de 7 años y 6 meses de cárcel, junto con una reparación civil fijada en 3 millones de soles. Hasta la fecha, esta cifra no ha sido saldada.

Este episodio legal destaca la implicación de Fujimori en prácticas corruptas y el uso indebido de fondos estatales. La imposición de penas de prisión y reparaciones civiles busca hacer frente a estos actos, pero la falta de pago de la reparación civil añade una capa adicional de complejidad a la situación legal de Fujimori, evidenciando las consecuencias duraderas de sus acciones.

En el año 2009, Alberto Fujimori enfrentó su cuarta sentencia, esta vez por delitos de corrupción y espionaje. La sentencia impuso una condena de 6 años en contra de Fujimori, involucrándolo en actividades como el espionaje telefónico a periodistas y políticos. También se le acusó de la compra de Cable Canal Noticias y de influir en la línea editorial del diario Expreso, bajo la argumentación del delito contra la administración pública o peculado. Además, se le imputó el delito de cohecho activo por el presunto pago a congresistas tránsfugas en detrimento del Estado.

Este veredicto destaca la diversidad de delitos por los cuales Fujimori fue condenado, incluyendo prácticas ilícitas relacionadas con los medios de comunicación y la manipulación política. La imposición de una pena de prisión responde a la gravedad de estas acciones, contribuyendo al historial legal del exdictador y subrayando la importancia de rendir cuentas por actos de corrupción y abuso de poder.

El 8 de enero de 2015, Alberto Fujimori fue condenado por la Cuarta Sala Penal Liquidadora a una pena de 8 años de prisión. Esta sentencia se emitió por el desvío de fondos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), destinados a financiar un grupo de diarios que respaldaron su reelección en 1995. Sin embargo, el 16 de agosto de 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema tomó la decisión de absolverlo de la pena inicialmente impuesta.

Este episodio legal destaca la complejidad y las variaciones en las decisiones judiciales relacionadas con Fujimori. A pesar de la condena inicial por desvío de fondos y financiamiento ilícito, la absolución posterior por parte de la Corte Suprema plantea preguntas sobre la interpretación y revisión de casos legales de alto perfil. Estas fluctuaciones legales contribuyen a la narrativa legal en torno a Alberto Fujimori y generan discusiones sobre la justicia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial.