Denuncian detenciones arbitrarias a personas absueltas por terrorismo para implicarlas en las marchas

"Grave denuncia sobre guerra sucia hoy". Así empieza la publicación en Facebook del fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), Ernesto de la Jara quien expresó su indignación tras tomar conocimiento de un grupo de ciudadanos que, durante el Gobierno del dictador, Alberto Fujimori, fueron injustamente sentenciados por terrorismo y hoy, tras muchos años de reponerse a semejante vulneración de sus derechos, serían presuntamente buscados por la Dirección contra el Terrorismo, sin razón aparente, para "terruquear" las manifestaciones.

"Grave denuncia sobre guerra sucia hoy! Como durante los 90 trabajé - siendo parte del IDL- viendo casos de inocentes encarcelados por haber sido injustamente acusados de terrorismo ( el mismo Fujimori indultó a más de 500 en solo tres años)", empezó escribiendo en la red social.

"He recibido llamadas de algunos con los que mantengo contacto ( indultados o algunos que al no lograr el beneficio solo les quedó esperar el cumplimento de la condena ), y me han contado que han sido visitados por miembros de la Dirección contra el Terrorismo, y que saben que algunos han sido detenidos sin causa alguna, para poder decir que entre los manifestantes detenidos hay muchos que han teñido vínculos con el terrorismo", manifestó el abogado.

"Se imaginan lo traumático que es esta experiencia para las víctimas ( otra vez en la cárcel sin haber hecho nada), y el tipo de represión que se está implementando. Inaudito", denunció el letrado.

En esa línea, Wapa.pe conversó con el especialista en leyes, Marcos Gabriel Galán Paiva quien explicó la larga lista de derechos que se estarían quebrantando.

"Se estarían vulnerando derechos protegidos en la Constitución Política como el respeto de la persona humana y su dignidad, consagrados en el primer artículo. Esto pues presuntamente se ha hecho uso de ciudadanos libres y sus procesos penales pasados a fin de vincularlos a las recientes marchas como participantes, promotores o patrocinadores con el único objetivo de atribuirle a las manifestaciones matices senderistas y actos terroristas", expresó.

"De igual forma, se vulneran otros derechos tales como: al honor, esto si es que estas personas están siendo señaladas como terroristas o senderistas; presunción de inocencia, esto si es que son presentados como miembros de algún grupo terrorista; a la libertad de transito, aun cuando se haya instaurado un estado de emergencia, pueden transitar por donde les sea permitido el paso si es que previamente no se restringió; inviolabilidad de domicilio, de igual forma aunque se haya instaurado un estado de emergencia, la policía puede ingresar a un domicilio si es que existe una causa razonable para ello, no se trata de una decisión que no necesite justificación".

El letrado resaltó que "la lista de derechos infringidos podría seguir incrementándose en caso se conozcan los actos lesivos (Acto que ocasiona un perjuicio)".

"En ese punto se podrá identificar con mayor precisión los derechos afectados por los que el estado deberá responder".

"La DIRCOTE al ser un organismo de la PNP puede realizar detenciones, estas funciones adquieren más alcance en un contexto de Estado de emergencia ya que quedan suspendidos dentro de un territorio especifico los derechos a la libertad individual, libertad de reunión, libertad de tránsito, etc.", sostuvo el especialista.

No obstante, aclaró que deberá existir un indicio para la detención y siempre se realizará bajo comunicación con el Ministerio Público.

"Ahora, esto no quiere decir que las detenciones se realicen aleatoriamente, la DIRCOTE necesitaría la sola sospecha de comisión de un delito o su tentativa para proceder con una detención, asimismo tiene la obligación de informar al Ministerio Público una vez producida la detención a afectos de determinar si después de la detención se dispondrá la libertad del detenido o se procederá a solicitar alguna medida coercitiva a efectos de procurar su presencia en una eventual investigación".

"En cualquiera de los casos presentados el Estado Peruano tiene el deber y obligación de respetar los derechos humanos, esto comprendería a tratar con dignidad a los detenidos, así como brindarles acceso a conferenciar, recibir asesoría y ser defendidos por un abogado de su libre elección o en su defecto un abogado de oficio. De no respetar dichos parámetros muy probablemente el estado enfrentará procesos ante tribunales supranacionales como La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la cual el Perú es parte".

"Desde un punto de vista legal conforme a un análisis de la coyuntura nacional bajo ningún contexto se puede tolerar la violación de derechos humanos con el objetivo de preservar la permanencia de un gobierno o la deslegitimación de un movimiento social. Si bien es cierto, se debe hacer respetar el principio de autoridad, la tranquilidad pública y otros. El Estado no puede sucumbir ante ello y recurrir a prácticas que conlleven al quebrantamiento del Estado de Derecho", finalizó.