Abogado de exprocurador Daniel Soria: "Esta destitución se parece a lo que hizo Richard Nixon"

El exprocurador general del Estado, Daniel Soria, presentó un acción de amparo para que el Gobierno del presidente Pedro Castillo lo restituya en su cargo tras haber sido cesado recientemente.

Así lo dio a conocer su abogado Joseph Campos quien calificó de "arbitraria" la remoción de su patrocinado, quien dentro del ejercicio de sus funciones pidió investigar a Pedro Castillo - el pasado 4 de enero de 2022 - por el presunto delito tráfico de influencias y colusión por favorecer a empresas que contrataron con el Estado.

"Creo que la arbitrariedad manifiesta y queda poco de explicar. Lo que ha hecho el ministro de Justicia (Aníbal Torres) es cesarlo materialmente", expresó Campos a RPP.

Asimismo, el letrado afirmó que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha utilizado una norma anterior a la presente para ejecutar la disolución del vínculo contractual de Soria con el Estado.

"La norma que él ha utilizado es una de hace 10 años, anterior a la que hoy regula con precisión la posibilidad de remover a un procurador general del Estado. Lo que se ha hecho es una arbitrariedad", acotó.

Para Campos, lo realizado por Aníbal Torres guarda similitud con el accionar del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, para con el fiscal Archibald Cox quien lo investigó en el escándalo de Watergate.

"Nos ha hecho recordar con exactitud lo que ocurrió con (Richard) Nixon, cuando él se atrevió a pedir la destitución del fiscal que lo investigaba. Esto es una preocupación constitucional. En el caso de Archibald Cox, el Gobierno de Nixon pide que lo saque precisamente porque lo había estado investigando", subrayó.

No obstante, cabe precisar una diferencia entre ambos casos: Archibald Cox fue fiscal de los Estados Unidos y es por ello que lideró la investigación en contra de Richard Nixon por el escándalo de Watergate.

Por su parte, Daniel Soria cumplió funciones como Procurador General del Estado. El 4 de enero de 2022, Soria denunció al presidente Pedro Castillo para que se le abra investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión a favor de empresas que contrataron con el Estado, más no puede liderarlas o formar parte. Es decir, solo puede recomendar investigación.

El principal argumento que presentó el Ministerio de Justicia para cesar a Daniel Soria fue que no cumplía con los requisitos para ser Procurador General del Estado. Joseph Campos aseguró que eso nunca se estipuló en la resolución emitida por parte del Minjus.

"¿Dónde está ese documento? Porque en la resolución que le quita la confianza, porque así se dijo, en ningún momento se señala. Los informes de Contraloría no son vinculantes y si hubiese tenido como necesidad ponerse eso como parte del debate, lo hubiéramos discutido, pero en el marco de la forma de como se remueven a los procuradores. Es decir, lo que tiene como derecho funcional. El procurador Soria tiene una serie de causales por la cual lo pueden remover, que se activen alguna de ellas, pero no en sacar la más sencilla y no explicar", refirió.

También recalcó que existe una norma especial para el Procurador General del Estado: no lo subordina ante el presidente. "Desde el año 2017, existe una normal especial que es la que regula Procuraduría General del Estado porque aquí hay una confusión. Cuando yo utilizo la ley en el Poder Ejecutivo, presumo que él procurador es un funcionario del Poder Ejecutivo. Eso no es así. La ley se asegura que él (Daniel Soria) es procurador general del Estado y no del Gobierno", señaló.

Finalmente, el abogado de Daniel Soria, Joseph Campos, expresó su malestar por el accionar de Aníbal Torres. Según su análisis, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha excedido en sus funciones.

"Y cuando hacemos la cronología de hechos, esta historia - la salida del doctor Soria - comienza cuando el 4 de enero se reúnen el ministro de Justicia, con el abogado del presidente de la República. En una función que no le corresponde al ministro de Justicia porque él es asesor jurídico de la Presidencia de la República, no es abogado personal del presidente Castillo", concluyó.

Luego de haberse destapado el escándalo denominado Watergate, el fiscal Archibald Cox inició investigaciones en contra del presidente Richard Nixon. Pese a las presiones que provenían desde la 'Casa Blanca', el funcionario no cesó en su labor.

En mayo de 1973, Cox recibió el encargo de investigar la red de grabaciones secretas al Partido Demócrata en el hotel Watergate en Washington en la campaña previa a las elecciones.

Con un grupo de jóvenes abogados, Cox tuvo serios enfrentamientos con la Casa Blanca y el entonces presidente republicano Richard Nixon. Ante la negativa del fiscal de terminar con su investigación, el mandatario norteamericano lo destituyó en octubre de 1973.

Un día antes para que Cox sea cesado,Nixon había rechazado cumplir una orden judicial para que entregue las cintas en donde se constataba las grabaciones secretas hacia el Partido Demócrata. Asimismo, se negó a comparecer ante el Tribunal Supremo y, por el contrario, ordenó al fiscal que abandone el caso.

"El que el nuestro sea un Gobierno de derecho y no de personalidades depende ahora del Congreso y, en última instancia, del pueblo estadounidense", fue el comunicado que emitió Archibald Cox tras conocer su destitución.

Finalmente, Richard Nixon, agobiado por la cantidad de pruebas en su contra, dimitió en agosto de 1974, convirtiéndose en el primero, y hasta ahora único, presidente de Estados Unidos en renunciar a su cargo.