Jueces habrían pedido hasta US$ 1 millón para liberar a narcos, según la Fiscalía

Libertades con colosales precios. Los jueces de la Sala Penal Nacional reclamaban como botín hasta un millón de dólares para liberar a bandas completas de narcotraficantes, de acuerdo con los testimonios recogidos por la Segunda Fiscalía Suprema especializada en casos de corrupción.

Aunque, según detallan los testigos, había regateo, descuentos por cliente preferencial, pagos grupales y hasta en "cómodas" cuotas, de tal manera que los primeros que salieran en libertad financiaran la de los que continuaban en prisión. Un negocio redondo y productivo.

Esta historia se habría desarrollado entre los años 2012 y 2016. El principal testigo de la Fiscalía, Hilario Rosales Sánchez, preso en el penal de Ancón 1 entre el 29 de enero de 2014 y julio del 2018, dice que el 2016 denunció estas polémicas negociaciones ilícitas, pero que nadie le prestó atención.

Recién observaron su denuncia el 2018, porque mencionó que el exjuez César Hinostroza también era uno de los involucrados en las libertades ilícitas. En ese sentido, Rosales Sánchez asegura que los principales cabecillas de las organizaciones del narcotráfico han sido liberados. “Ningún cabecilla está preso”, refirió.

Lo que aduce el testigo es muy serio. La Sala Penal Nacional, hoy convertida en Corte Penal Nacional, fue creada con el objetivo de atender los casos más complejos de crimen organizado. Se supone que está integrada por la élite de la magistratura a nivel nacional, sin embargo, dicho organismo quedaría en el piso con este polémico caso.

Hilario Rosales cuenta que ingresó a prisión junto con otras 12 personas, por orden de la jueza Janet Lastra, en enero del 2012.

Después, el 2014, un día se presentó un abogado, los reunió a los 12 en una sala y les comunicó que venía de parte de la jueza Emma Benavides y que si querían salir en libertad debían pagar 100.000 dólares cada uno.

Aunque en un inicio aceptó, luego le dijo a la defensa que él era inocente y que confiaba en los jueces. “A la profesora no le interesa que seas culpable o inocente, la libertad cuesta y si la Fiscalía apela, no te preocupes que el juez Hinostroza Pariachi se encargará de confirmarla”, contó el testigo.

Tres días después de decirle al abogado que no pagaría, les confirmaron su detención. Entonces se dio cuenta de que ningún cabecilla internacional del narcotráfico seguía preso y que los pagos iban de 100.000 a un millón de dólares, que se entregaban mediante abogados que actuaban como intermediarios.

Tiempo después insistió a requerir variación de la prisión preventiva por comparecencia. En esta segunda oportunidad llegó el abogado Walter Mendoza Pérez con el mismo discurso inicial: paga si quieres dejar las rejas.

De acuerdo con Mendoza, se presentó con la orden de libertad de José Ricardo Panta Ortiz y se reunió con Percy Kuromoto Matos Sandoval, José Edison Ruiz Martínez y Roberto Gómez Herrera.

A ellos les pide 350.000 dólares cada uno para que salgan de la cárcel. Los narcotraficantes no aceptan y dos días después el abogado regresa y dice que no sabía que ellos eran amigos de un español que ya había salido libre, por lo que los podría sacar por 100.000 dólares cada uno.

Los colombianos Edison Ruiz Martinez y Roberto Gómez Herrera logran reunir 200.000 dólares y salen en libertad. Gómez Herrera se compromete a reunir los otros 150.000 dólares para que también saliera Percy Matos, aunque es recapturado en España y ya no puede cumplir con lo pactado.

Roberto Gómez no es cualquier narcotraficante. Interpol lo considera como uno de los cabecillas de la organización narcoparamilitar colombiana ‘Los Rastrojos’ más rankeados. Se le conoce con el alias del ‘Huevo’.

Al quedar en libre, Gómez regresa a Colombia por Leticia con documentos falsos y después se desplaza a Brasil, donde crea una empresa de exportación de bloques de granito para enviar droga a Europa.

Según se conoce, él mismo viaja constantemente a España para entrar en contacto con organizaciones europeas con las que coordina el envío de mil kilos de cocaína oculta en los cilindros de granito.

Alertadas por Colombia y Brasil, las autoridades interceptan el embarque de drogas y el 29 de junio del 2017, el ‘Huevo’ es capturado en un departamento en Madrid. Al ser aprehendido, les dijo a los policías españoles que en el Perú le habían dado libertad, al haberse acogido a la colaboración eficaz.

Héctor Pacheco Córdova ha declarado a la Fiscalía que en las reuniones con los detenidos, Walter Mendoza señaló que la abogada Ana Luisa Vásquez era el brazo legal de la jueza Emma Benavides, y se encarga de redactar los borradores de las resoluciones de libertad e incluso las absoluciones con aquellos que estuvieran dispuestos a pagar 150.000 dólares.

Otro testigo, Raúl Oré Torres, ha argumentado a la Fiscalía que la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga le pidió 70.000 dólares a José Manuel López Quispe para que la Sala de Apelaciones de la doctora Emma Benavides le diera libertad.

Entonces, López Quispe accedió a vender un hostal en Ayacucho para conseguir 120.000 dólares para salir preso él y otro recluso.

La Fiscalía ha confirmado que una persona conectada con López Quispe vendió un hotel en Ayacucho por 80.000 dólares en las fechas en las que este inició a tramitar su libertad, lo que confirma la declaración del testigo clave.

Tres días después de esa venta, la abogada Vásquez Aliaga solicita modificar la prisión preventiva de López por comparecencia y, meses después, el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional se la otorga.

José López Quispe, conocido como ‘Papitas’, es considerado por la Policía Antidrogas como el principal acopiador de cocaína en el Vraem para las grandes organizaciones internacionales del narcotráfico.

Los testigos han identificado a otros cabecillas del narcotráfico que en los últimos años han sido liberados de prisión de forma irregular, previo pago de importantes sumas de dinero a los jueces, las cuales se entregaban mediante de intermediarios.

Investigación preparatoria en trámite

La Segunda Fiscalía Suprema Penal inició investigación preparatoria a los jueces de la Sala Penal Nacional Emma Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera, Lorenzo Pablo Ilave García y Rafael Martínez por organización criminal y cohecho. La investigación incluye a la secretaria judicial Carmen Arias Tello y los abogados Walter Mendoza Pérez y Ana Luisa Vásquez. Walter Mendoza tiene orden de búsqueda y captura.

Defensa

La jueza Emma Benavides ha cuestionado que la Fiscalía evalúe sus resoluciones como parte de la investigación en su contra. Ella se defiende aduciendo que ese no puede ser un elemento para considerar que existen pruebas de los pagos ilícitos.

Resolución

La resolución del juez supremo Hugo Núñez da amplios detalles de los trámites ilegales para la liberación de grandes narcos. Con información de César Romero/ La República.