Andrés Hurtado: ¿Quién es ‘Vaticano’, el narcotraficante relacionado con 'Chibolín'?

Andrés Hurtado sigue en el ojo de la tormenta después de ser expuesto por varias denuncias en el programa de Beto Ortiz. El popular 'Chibolín' tiene restringido salir del país mientras duren las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.

Como si eso fuera poco, la figura de "Porque hoy es sábado con Andrés" también tiene una larga relación de amistad con un oscuro personaje llamado 'Vaticano', y quien en la década de los 90 llegó a ser conocido como el ‘Pablo Escobar peruano’.

El último domingo, el programa "Cuarto poder" reveló que Andrés Hurtado es además el representante legal de Demetrio Chávez Peñaherrera, quien pasó 22 años en prisión por narcotráfico y fue liberado en el año 2016.

Según el documento referido en el dominical, 'Chibolín' tiene capacidad de “administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad” de ‘Vaticano’, así como “solicitar tarjetas de crédito, de debito u otras, solicitar la clave secreta, solicitar créditos a corto, mediano y largo plazo”.

Nacido en Saposoa, en el departamento de San Martín, el 16 de octubre de 1953, Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como 'Vaticano', controló la producción de pasta básica de cocaína en el valle del río Huallaga desde finales de la década de 1980 y principios de los años 1990.

El narcotraficante, quien empezó su vínculo con Andrés Hurtado desde 2019, logró hacer de la frontera con Brasil y Colombia su centro de operaciones. Su complejo comprendía un laboratorio para procesar clorhidrato de cocaína, así como una pista de aterrizaje de 1500 metros, una casa y un almacén de alimentos.

En 1994, fue capturado por la policía colombiana. Se le atribuía haberle entregado cinco toneladas de cocaína mensuales al Cártel de Cali.

Después de su detención, ‘Vaticano’ estremeció al país con una revelación que involucraba al hombre de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori.

Chávez Peñaherrera aseguró en 1996 que sus actividades de narcotráfico eran hechas bajo conocimiento del entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos. En esa línea, aindicó haberle pagado US$ 50,000 mensuales, entre junio de 1991 y mayo de 1992, para que se le permita realizar todas sus 'narcomovidas' sin restricción algunos en territorio y frontes peruanas.

Fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria y narcotráfico. Luego, su condena fue reducida a 22 años de prisión y se eliminó la sentencia por traición a la patria. Esto le permitió abandonar la cárcel en 2016. También, tuvo que pagar US$50 millones al Estado peruano como reparación civil.