CIDH otorga medidas cautelares a favor de fiscal José Domingo Pérez Gómez y su familia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 25 de julio una resolución que otorga medidas cautelares a favor del fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, y a su núcleo familiar, luego de considerar que se encuentra en una situación en donde se puede ocasionar daños irreparables a sus derechos.

Para otorgarle estas medidas, la CIDH tomó en cuenta el contexto de la lucha contra la corrupción y la polarización vivida en las Elecciones Generales 2021. Asimismo, se consideró que Domingo Pérez estuvo sometido a diversos eventos de riesgo relacionados con sus labores como fiscal desde el año 2017, en el cual se incluía a familiares, sobre todo a su esposa.

De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Perú que “a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias; b) adopte las medidas necesarias y culturalmente apropiadas para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas; c) concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”.

El pasado 12 de junio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió seguridad y protección policial para el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, ante amenazas de grupos fujimoristas.

A través del documento, firmado un día antes y al que tuvo acceso La República, la alta funcionaria trasladó el pedido al coronel Pedro Vargas Chilón para que el Ministerio del Interior resguarde al investigador.

“Solicito tenga a bien disponer se realicen las coordinaciones de manera urgente para que se brinde la seguridad y protección policial en el domicilio del citado magistrado“, se lee en el oficio suscrito por la secretaria general de la Fiscalía de la Nación.