Victimas de esterilizaciones forzadas exigen que se reprograme pronto audiencia contra Fujimori

Las víctimas, sobrevivientes y organizaciones involucradas en el caso de esterilizaciones forzadas exigen al Juez Rafael Martín Martínez que reprograme la brevedad posible la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori, los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga y otros ex funcionarios.

Esta audiencia lleva más de 2 años aplazada por obstáculos que los acusados ponen en el desarrollo del caso. La última vez que se convocó, el 11 de enero del 2021, se suspendió porque el Poder Judicial no garantizó el derecho de las víctimas a contar con traductoras/intérpretes que manejen variantes de quechua.

Esta falta fue aprovechada por César Nakasaki, representante legal de Alberto Fujimori, quien en reiteradas oportunidades interrumpió al fiscal para solicitar la suspensión de la audiencia por esa causa.

Las víctimas rechazaron que se usen sus derechos para distraer y dilatar la investigación judicial, así como la pretensión de librar a Fujimori de ser investigado judicialmente.

“Basta de impunidad. Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos” declaró la cusqueña Rute Zuñiga, presidenta de la Asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas (AMPAEF).

“Rechazamos que el abogado Nakasaki utilice nuestro derecho a traducción para dilatar la audiencia y pretenda excluir a Fujimori del proceso penal”, dijo Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas.

Por su parte, María Elena Carbajal, presidenta de AVEF Lima y Callao, recuerda que no es la primera vez que Fujimori alega problemas de salud para evadir la justicia y tratar de quedar impune como pasó con el indulto que la presión ciudadana logró revertir.

El abogado de Fujimori, lo excusó, recurriendo a las normas del Tratado de Extradición Perú – Chile y al nuevo Código Procesal Penal. Es decir, el acusado puede asistir o no a las audiencias, siempre y cuando se mantenga la presencia del representante legal.

Recordemos que la política fujimorista de esterilizaciones forzadas se aplicó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000. Intervenciones quirúrgicas que fueron aplicadas a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

Las diversas organizaciones plantean una serie de acciones, como comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las integrantes de Somos 2074 y muchas más, se movilizarán para exigir una investigación judicial rápida y bien hecha. Ellas protestan desde la voz ciudadana incansablemente desde el 2015.