Congreso da luz verde: adolescentes desde 16 años serán juzgados y ENCARCELADOS por delitos graves

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso ha aprobado un predictamen que propone la responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años en caso de cometer delitos graves. Con esta medida, los jóvenes podrían ser juzgados por el Poder Judicial y, de ser hallados culpables, enfrentar prisión. La iniciativa recibió ocho votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

El proyecto busca modificar el artículo 20 del Código Penal para que, “excepcionalmente, los adolescentes de 16 años a más” puedan ser responsabilizados penalmente por delitos como parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, fabricación de materiales peligrosos, atentado contra la seguridad común, consumo ilegal de drogas, organización criminal, entre otros.

Las penas para los adolescentes de 16 y 17 años podrían ser reducidas prudentemente, según la modificación propuesta para el artículo 22 del Código Penal. Además, se proponen ajustes al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, donde los jóvenes entre 14 y 18 años serán sujetos de derechos y obligaciones y responderán penalmente de manera especial. En ciertos delitos, se les aplicará la responsabilidad penal ordinaria.

Las internaciones para adolescentes de 16 y 17 años podrán variar de uno a seis años, dependiendo del delito, y de seis a ocho años para delitos especialmente graves como sicariato o violación sexual de menores seguida de muerte.

El proyecto también propone separar a los adolescentes de 16 a 21 años de los adultos en los establecimientos penitenciarios, con un tratamiento penitenciario individualizado basado en un enfoque científico integral.

El Poder Ejecutivo tendrá 60 días para adecuar el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a estas modificaciones. Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deberán emitir la normativa necesaria para asegurar el cumplimiento de la nueva ley en el mismo periodo.

La Fiscalía de Familia y la Coordinación Nacional del Programa Nacional ‘Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público’ han expresado su rechazo al proyecto de ley presentado por el congresista Juan Burgos. Argumentan que la iniciativa atenta contra los compromisos internacionales de Perú en la defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, mencionando específicamente la Convención de los Derechos del Niño de 1990.

Los fiscales subrayan que el proyecto contraviene el principio de “no regresividad” en derechos humanos, que prohíbe la eliminación o reducción de derechos ya reconocidos. Señalan que el sistema legal peruano ya contempla una responsabilidad penal especial para adolescentes, con medidas socioeducativas e internamiento para delitos graves, y que el objetivo de resocialización y reinserción social de estos jóvenes no se logrará mediante medidas punitivas que no se alinean con los estándares internacionales.

Este debate sobre el tratamiento de los menores en el sistema judicial peruano resalta las tensiones entre las iniciativas legislativas y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.