Susel está obligada a identificar a congresista que favoreció a Juan Silva a cambio de una obra

¡Puede tener problemas legales! Susel Paredes deberá dar el nombre de la involucrada. El abogado penalista Andy Carrión advirtió que estaríamos ante indicios del delito de cohecho activo o tráfico de influencias, por lo cual la parlamentaria, debe identificar a la protagonista de esta denuncia.

De acuerdo a una entrevista que Carrión brindó a RPP, la denuncia de la congresista Paredes (Partido Morado), quien afirmó que una parlamentaria no quiso firmar la moción de censura contra el ministro de Transportes, porque este ya se había comprometido a darle una obra, debe ser detallada y revelar el nombre de la involucrada.

"El hecho de realizar obras, prometer obras u ofrecerlas en todo caso a algunos congresistas para su región no significa de alguna manera alguna conducta de tipo delictiva. Sin embargo, si esta se da por algún nivel de contraprestación”, indicó el especialista.

Según explicó el letrado, estamos ante un hecho donde 'vamos a ofrecer obras y a contraprestación', por ejemplo, pero no vas a votar una moción de vacancia en contra de algún ministro, definitivamente estaría ante indicios que podrían eventualmente calificar como el delito de cohecho activo o el delito de tráfico de influencias.

Pero eso no es todo, Andy Carrión recordó el caso de los 'Mamani audios' cuando Kenji Fujimori junto a Guillermo Bocangel y otros congresistas ofrecieron a algunos parlamentarios obras para sus regiones a cambio de impedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"De hecho, ese caso al día de hoy ya se encuentra en juicio oral, con los delitos de cohecho activo genérico y también de tráficos de influencias imputados a estos congresistas", precisó.

Asimismo, el experto detalló que Susel Paredes tiene la obligación de especificar quién fue la congresista que no quiso firmar la moción de censura contra el ministro Silva, pues ya existe también el delito de omisión de denuncia.

"Aquel funcionario público que esté noticiado de la comisión de un delito, tiene la obligación de también denunciarlo ante las autoridades competentes. Por lo tanto, la congresista está obligada a identificar quiénes son o quién es el congresista que ha obtenido una obra a cambio de no censurar al ministro", puntualizó.

Del mismo modo, Carrión sustentó que el caso del exasistente administrativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Altamirano, estaría a nivel de sospecha inicial simple frente al delito de tráfico de influencias. Esto debido a videos donde se ve cómo el extrabajador del MTC ofrecía puestos laborales en la administración pública.

"No estamos ante una situación baladí, podría ya la Fiscalía abrir una investigación con los indicios que ha brindado la noticia y de alguna manera proceder a la identificación de quiénes han sido beneficiados. No es una tarea sencilla, pero ya existe un punto concreto de partida para desarrollar la investigación concreta", explicó.

Como se recuerda, un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es acusado de hacer favores para que determinadas personas consigan trabajo desde la referida institución, tras conocerse que buscaba favorecer a personas cercanas a Perú Libre con puestos en el sector.

A través de un reportaje del programa Punto Final, se reveló que Juan Altamirano Sánchez, quien solo fue contratado para ordenar documentos en el MTC, se presentó como “mano derecha” del ministro Juan Silva en una reunión por Zoom que sostuvo, el pasado 1 de diciembre con miembros del Colectivo Wari, cercano al partido de Gobierno.

En el reportaje se puede observar que Altamirano se presenta como “la persona que está evaluando todo lo que es personal de Provías Nacional y Provías Descentralizado”, cargo que confirma Julio Lazo, quien sí es asesor oficial del despacho ministerial.

En dicha reunión virtual participó Ray Roger Zamora Palomino, representante del Colectivo Wari que apoyó durante la última contienda electoral a Pedro Castillo y que estarían solicitando a cambio el pago por dicho favor mediante puestos de trabajo para los integrantes de la referida organización.