"La masacre de Barrios Altos": se cumplió 30 años de busca de justicia y sanción a los responsables

“Los buenos recuerdos me reconfortan y me ayudan a superar el dolor”, dice Rosa Rojas. El dolor al que se refiere es la pérdida de su esposo Manuel Ríos y de su pequeño hijo Javier Ríos de ocho años, en la matanza de Barrios Altos.

Fue el primer asesinato masivo que sacudió Lima, durante el conflicto armado interno, poco después de las 10:30 de la noche del domingo, 3 de noviembre de 1991, en una quinta donde un grupo de vecinos celebraba una pollada.

“La pollada estaba por terminar. Estábamos limpiando, recogiendo todo. Mi hijo había empezado a barrer, cuando ingresaron los encapuchados armados y gritando que todos se tiren al piso. Pensé que eran terroristas y salí corriendo. Al darme cuenta de que nadie me seguía, regresé a buscar a mi esposo y mi hijo. Le estaba pidiendo ayuda a una vecina cuando escuché un ruido como de maíz pop corn. Encontré a mi esposo y mi hijo muertos, les habían disparado en la cabeza”, relata Rojas.

Los encapuchados armados eran miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército que integraban el Destacamento Colina, al mando de los capitanes EP Martín Rivas y Carlos Pichilingüe. Los militares habían recibido información de que mandos de Sendero Luminoso se reunían en la quinta del jirón Huanta 840 para recaudar fondos y fueron a matarlos.

La acción se ejecutó a pesar de que en la quinta se realizaban dos polladas y que los suboficiales de inteligencia no encontraron al agente infiltrado con los senderistas.

El comando ingresó a la quinta, ordenaron a todos tirarse al piso, patearon y empujaron a los que se negaron y los ametrallaron. Javier, de ocho años, fue ejecutado para no dejar testigos, conforme a la orden dada por Martín Rivas, declaró años después uno de los agentes del grupo Colina.

“Nosotros no somos de Ayacucho. Somos de Huarochirí. La pollada era para recaudar fondos y arreglar los desagües de la quinta. Han dicho que cuando ingresaron escucharon la Flor de Retama. Eso no es cierto. Yo ponía la música. Había huaynos y valses de banda. Hemos tenido que enfrentar muchas mentiras en estos 30 años”, relata.

Rosa Rojas sobrevivió con 26 años y dos hijas pequeñas, a las que pudo dar educación y alimentar, vendiendo yuquitas en la cercana plaza Italia o lavando ropa.

“Trabajaba todo el día. Mi hija mayor tiene algunos recuerdos de su padre, cuando jugaba con ella en el parque. La más pequeña sí no lo recuerda”, señala.

“Manuel era un buen padre, cariñoso y trabajador. Habíamos planeado ya no tener más hijos. Teníamos un varoncito y dos niñas. Javier tenía ocho años, pero ya sabía cocinar, cuidaba a sus hermanitas y era muy solidario con las personas mayores y otros niños”.

Pero si sobrevivir y seguir adelante fue sacrificado, también lo fue alcanzar justicia. “Todavía hay algunas reparaciones pendientes y algunos de los culpables ya empiezan a salir en libertad”, advierte la abogada de Aprodeh Gloria Cano.

A pesar de que el múltiple asesinato conmocionó Lima, las autoridades se resistieron a investigar la evidente participación de militares en la matanza. Policías de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP y de la Comisaría de San Andrés, ubicados cerca de la quinta, no reaccionaron con la rapidez que requería un ataque de esa naturaleza.

Pocos días después, el entonces senador Javier Diez Canseco denunció que el jirón Huanta 840 era vigilado por el Ejército. Eso generó la formación de una comisión investigadora. Pero con el autogolpe de abril de 1992 todo fue silenciado.

Las investigaciones se retomarían en abril de 1993, luego de que el congresista Henry Pease reveló la existencia de un Equipo de Operaciones Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) que había ejecutado a los estudiantes de La Cantuta, en julio de 1992, y también era responsable de la masacre de Barrios Altos. Pero el fuero militar intervino y todo fue archivado.

En abril de 1995, la fiscal Ana Cecilia Magallanes presentó una denuncia ante el 16° Juzgado Penal de Lima, contra el jefe del SIE, Julio Salazar Monroe, Martín Rivas y otros agentes, que fue admitida a trámite por la jueza Antonia Saquicuray.

Entonces, el Congreso dio una ley de amnistía a favor de todos los policías y militares acusados de crímenes de derechos humanos y cuando Saquicuray se negó a acatar la amnistía, dieron otra ley que obligó a los jueces a archivar los casos.

Con la caída del régimen y el regreso de la democracia al Perú, el 2001 recién se pudo investigar, juzgar y sancionar a los asesinos de Barrios Altos. Se demostró que el Destacamento Colina operó con conocimiento de una estructura que encabezaba el expresidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, los jefes del Ejército, y lo integraban agentes de inteligencia.

El 2010, los culpables recibieron penas de 15 a 25 años de prisión, pero ya empiezan a salir libres. Este es el caso de Federico Navarro Pérez, cuya pena vencía el 2025. Sin embargo, fue liberado con beneficios penitenciarios. “Esperemos que ahora libres no busquen represalia”, señala Rosa Rojas.

Con información de: César Romero / La República.