¿Por qué la POTA ha subido hasta 400% en los mercados peruanos?

En los últimos meses, la costa de Piura ha sido testigo de un alarmante aumento en el precio de la pota, un recurso pesquero fundamental para la economía local.

Este incremento, que ha llevado el costo del kilo de pota de S/4 a S/18, ha generado preocupación entre los pescadores artesanales y las autoridades locales. La situación se ha visto agravada por la presencia de barcos chinos que operan de manera ilegal en las aguas peruanas, lo que ha contribuido a la escasez de este recurso vital.

Durante una reciente reunión entre el Gobierno Regional de Piura y representantes de al menos doce gremios de pescadores artesanales, se discutió el impacto devastador que la pesca ilegal ha tenido en la economía de las comunidades costeras. Los pescadores han expresado su frustración ante la competencia desleal que representan estos barcos, que no solo capturan pota de manera indiscriminada, sino que también afectan la sostenibilidad de los recursos marinos.

El aumento del precio de la pota ha llevado a que muchos pescadores artesanales se vean obligados a vender su producto a precios que no reflejan el costo real de producción. Esto ha generado un ciclo de pobreza y descontento en las comunidades pesqueras, que dependen de este recurso para su subsistencia.

Los pescadores han denunciado que los barcos chinos operan sin las licencias necesarias y que su actividad pesquera se realiza en áreas donde la pesca está prohibida o regulada. Esta situación no solo pone en riesgo la economía local, sino que también amenaza la biodiversidad marina. Las autoridades han sido instadas a tomar medidas más contundentes para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos pesqueros del país.

Ante esta crisis, las autoridades del Gobierno Regional de Piura han manifestado su compromiso de trabajar en conjunto con los pescadores para abordar esta problemática. Se han propuesto implementar estrategias que incluyan la vigilancia y control de las actividades pesqueras en la zona, así como la promoción de prácticas sostenibles que beneficien a las comunidades locales.

Además, se ha planteado la necesidad de establecer un diálogo con el Gobierno Central para que se tomen medidas más efectivas contra la pesca ilegal y se garantice la protección de los recursos marinos. La colaboración entre las autoridades y los pescadores es fundamental para encontrar soluciones que permitan recuperar la estabilidad económica en la región.