Economista peruano que estudiaba en Harvard, murió en una prisión de Indonesia en extrañas circunstancias

Conmoción en redes sociales tras un presunto caso de odio y discriminación a dos compatriotas peruanos de la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué sucedió? Es la pregunta que Sebastian Marallano busca responder luego de ser detenido arbitrariamente al igual que su esposo Rodrigo Ventosilla. La pareja había enrumbado un viaje a Indonesia, sin imaginar que las autoridades del mencionado país vulneraría sus derechos llegando incluso, a acabar con la vida de uno de ellos.

De acuerdo a lo compartido por los colectivos LGTBIQ+, Rodrigo Ventosilla, hombre trans, fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto Denpasar y vinculado como traficante de drogas. ¿Qué llevó a las autoridades a esa conclusión? Ventosilla tenía en su haber medicamentos para su tratamiento de salud mental, los mismos que contaban con la debida prescripción de personal de salud; sin embargo, no habrían querido considerarlo.

Sebastián Marallano, llegó en otro vuelo y de inmediato se dirigió a su auxilio, sin imaginar que también sería arrestada sin que nadie le explique los cargos. La pareja acababa de contraer nupcias y disponía pasar una placentera luna de miel en Bali, la misma que, por evidentes razones se vio frustrada.

Un dato particular fue que la Policía exigió, de forma irregular el descomunal monto de 13 mil dólares americanos para que queden en libertad; no obstante, con el pasar de las horas la cifra todavía incrementó más: pedían 100 mil dólares por la liberación de cada uno.

Rodrigo y Sebas comunicaron a sus familias que el día del encierro fueron víctimas de diferentes formas de violencia por parte de los agentes policiales. En esa línea fueron vulnerados tanto sus derechos humanos vitales (salud, libertad), acceso a la defensa legal, poder comunicar lo sucedido a sus familiares y la discriminación por su orientación sexual.

El 8 de agosto, la familia de Rodrigo y Sebastian se quedó sin poder comunicarse con la pareja. El 9 de agosto, se le comunicó a los familiares que ambos habían sufrido una descompensación letal por lo que tuvieron que ser hospitalizados. El 11 de agosto, Rodrigo falleció en extrañas circustancias que, hasta la fecha la Policía de Bali se rehúsa a aclarar.

La Policía del país asiático no habría permitido que ambos realizaran una llamada a sus familias y seres queridos el día que el joven economista murió.

Es importante señalar que, según lo denunciado por los deudos, la Policía de Indonesia obstaculizó la presencia de los abogados contratados por parte de la familia. Además, tampoco se permitió que los compañeros, estudiantes de Harvard que asistieron a su ayuda puedan ingresar al centro de salud donde los jóvenes se encontraban hospitalizados.

Refirieron también a Julio Eduardo Tenorio Pereyra, representante del Consulado de Perpy en Indonesia y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú como responsables de la muerte de Rodrigo, puesto que no asistieron las solicitudes de la familia, que, pese a la insistencia quedaron sin respuesta incumpliendo sus funciones correspondientes.

En esa línea, solicitan que se lleve a cabo las respectivas investigaciones contra el consulado peruano en Indonesia por no atender el pedido de las víctimas y, que el gobierno de Pedro Castillo se involucre como mediador para que las autoridades de Bali respondan sobre la muerte de Rodrigo, entregando el informe de su deceso y las razones de la detención arbitraria.

Otro punto a resaltar es que, Marallao continuo retenido bajo custodia de los agentes oficiales de Bali incluso después del fallecimiento de Rodrigo aunque de él no se tenían sospechas de tráfico de drogas.

Fue gracias a la lucha de sus familiares y organizaciones de activistas y derechos humanos que hicieron posible traer de vuelta al Perú a Sebastian: con vida.

A través de un comunicado, el decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Douglas W. Elmendorf, manifestó el martes por la noche que la casa de estudios “apoya el llamado de la familia para una investigación inmediata y exhaustiva y para la divulgación pública de toda la información relevante”.

“La declaración de la familia de Rodrigo plantea preguntas muy serias que merecen respuestas claras y precisas”, refirió.