Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra: Ministerio de la Mujer se pronuncia por caso de violencia
Únete al canal de Whatsapp de WapaLuego que la exconductora de televisión, Sofía Franco y el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, protagonizaran un lamentable hecho de violencia doméstica que se ha venido viralizando en las últimas horas en diferentes medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de la Mujer decidió pronunciarse.
"Especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acudieron a la comisaría La Molina, para atender a la señora Sofía Franco y su esposo, sin embargo, ambos expresaron su desistimiento de contar con los servicios", informó la institución vía Twitter.
Sin embargo, la entidad estatal señaló que las Unidades de Protección Especial (UPE) están evaluando la situación del hijo de la pareja.
¿Qué pasará con el hijo de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra?
La abogada Mónica Salas dijo estar casi segura que esta situación estaría considerada como agresiones mutuas, hecho que perjudicaría también al pequeño que tiene la pareja. Durante el programa de Mujeres Al Mando, la letra señaló que teme por el futuro del pequeño hijo de los esposos.
“A mí lo único que me preocupa, porque estoy casi segura que van a ser agresiones mutuas, es el niño, porque la madre no estaría apta para mantener su tenencia y el padre tampoco, porque ambos son agresivos y ninguno de los dos puede controlar sus emociones”, señaló.
Incluso, señaló que según el código penal, el menor tendría que quedarse con los abuelos maternos.
“No sabemos si existen o no, yo no sé si existe la mamá y el papá de Sofía Franco para que se queden con el niño”, señaló.
¿Qué es la UPE?
Las Unidades de Protección Especial (UPE) dependen de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) y son las instancias administrativas del MIMP que actúan en el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, dictando las medidas de protección que garanticen el pleno ejercicio de derechos de las niñas, niños o adolescentes y/o que restituyan los derechos que les han sido vulnerados.