Obras por casi S/ 20.000 millones cumplen otro año sin ser destrabadas por vínculos con la corrupción

Al menos unos US$ 5.000 millones (aproximadamente S/ 20.000 millones) en inversiones de mayúsculo calibre se mantienen trabados debido a vínculos con la corrupción.

La paralización del proyecto de irrigación Majes Siguas II, que debía permitir el cultivo de productos de agroexportación de alto valor como paltas, uvas y alcachofas (ingresos para Arequipa por más de US$ 1.010 millones anuales), es la más dolorosa.

Cuatro años detenido desde que se retomó el proceso, que en su primera etapa fue parcialmente ejecutado por el Estado, para que la sola firma de la Adenda 13, la última con la española Cobra, entrara a punto muerto el pasado 23 de octubre, tras la detención del gobernador Elmer Cáceres por el caso Los Hijos del Cóndor. A partir de ello, los consejeros regionales se negaron a firmar el documento que, previamente, había pasado filtros en Contraloría y entidades pertinentes.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su etapa de producción Majes Siguas II aportaría el 13,9% del PBI de Arequipa, y el 0,7% del PBI nacional, mientras que, en términos de empleo, en la fase constructiva iba a acarrear 8.100 puestos de trabajo, más los 145.000 empleos formales.

Cobra había propuesto un incremento de US$ 104 millones en el presupuesto para cambiar los canales abiertos por una red presurizada. Sería la segunda vez en que se incrementa el presupuesto desde la firma del contrato en 2010.

En 2015, con las Adenda 12 y el TUO del contrato, la participación del Estado se elevó de US$ 207 millones hasta US$ 282 millones. Con esta nueva idea, iba a pasar de los US$ 404 millones concebidos como meta de una Asociación Público Privada (APP) a bordear los US$ 700 millones.

El tiempo se agota, y Cobra ha dado plazo hasta este mes para firmar. El próximo año ya no quiere nada. Desde el Gobierno piden esperar hasta enero, mientras los regidores se ponen de acuerdo para estampar su firma en un esperado proyecto de irrigación que, al parecer, se quema en la puerta del horno.

El economista Alonso Segura recuerda en esta línea su paso por el MEF, cuando se propuso destrabar unos 56 proyectos de inversión públicos y privados, entre ellos, Matarani. Apunta, en este sentido, problemas asociados a no concentrar esfuerzos en la etapa de planificación y formulación, así como la alta rotación de ministros en sectores clave de infraestructura en los últimos gobiernos.

“No puedes anticipar todo lo que va a surgir y, cuando surge, necesitas la capacidad para resolver los problemas que traban. Hay mucho temor entre los funcionarios de tomar una decisión porque cualquier cosa que hagas te va a llegar un informe. Esa fue la filosofía que tuvimos con la ley de APP, fortalecer las primeras etapas para tener todo muy bien pensado, la relevancia, objetivos, todo eso iba por planes multianuales. Se evita que el proyecto sea ‘faraónico’, aprobado como sea para la autoridad de turno”, expresó.

(Con información de La República)